El Grupo Municipal de VOX afirma haber detectado, a partir del análisis de los mandamientos de pago municipales, que el Ayuntamiento de Coslada habría pagado desde 2023 más de 8,1 millones de euros a 146 empresas por servicios de mantenimiento de calles, parques, colegios, instalaciones deportivas y servicios sociales sin disponer de contratos en regla. «En total hablan de 1.809 operaciones individuales que afectarían a prácticamente todas las áreas del consistorio: sin licitación pública, sin concurrencia y sin las garantías que la ley exige para proteger el dinero de los vecinos», señalan.
«En la misma línea, la próxima semana, se verá en el pleno un informe del propio Interventor Municipal que confirma y amplía ese diagnóstico».
Sus conclusiones son contundentes: «uno de cada nueve euros de gasto corriente del Ayuntamiento en 2025 se ha ejecutado sin cobertura contractual válida. La contratación al margen del procedimiento no constituye una incidencia aislada, sino una vía de gestión asentada en determinadas áreas gestoras».
«El informe identifica diez empresas de riesgo muy grave que llevan meses o años cobrando del Ayuntamiento sin ningún contrato, algunas de ellas por el mismo importe mes a mes durante múltiples mensualidades consecutivas de 2025 y 2026. El Interventor lo califica expresamente como contratos de facto ejecutados sin título legal», aseguran.
«No es casualidad: llevamos meses analizando los mismos pagos que ahora documenta el Interventor, y llegamos a las mismas conclusiones», afirmó García Narros.
«Lo más llamativo es que este patrón no era desconocido para el equipo de gobierno. Los informes de control interno del propio Ayuntamiento llevan advirtiéndolo desde 2024: el Informe de ese año ya certificaba que en la totalidad de los expedientes de gastos sin contrato se había producido omisión de la función fiscalizadora. En 2025, el Interventor lo calificó como un ‘modelo sui generis implantado en el Ayuntamiento’. Y pese a todas esas advertencias, el Alcalde ha seguido firmando personalmente decretos autorizando estos pagos mes tras mes».
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Coslada denuncia que el Grupo Municipal registró el 21 de septiembre una solicitud formal de acceso a los expedientes relacionados con estos pagos, al amparo del artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local, que obliga al Ayuntamiento a responder en un plazo máximo de cinco días. «Transcurridos más de 15 días, el consistorio no habría facilitado ninguno de los documentos solicitados. La reclamación fue reiterada formalmente el día 30 de septiembre, una vez cumplido el plazo en un escrito formal, y verbalmente en la Junta de Portavoces del 6 de octubre sin obtener respuesta», explican.
«No necesitamos hacer acusaciones: el informe del propio Interventor del Ayuntamiento lo dice todo», señaló García Narros. «Los vecinos de Coslada merecen saber qué se hace con su dinero, quién decide a qué empresas se les encarga trabajo sin licitación, y por qué el Ayuntamiento se niega a responder cuando se le pide que dé explicaciones.»
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