El Pleno municipal del Ayuntamiento de Coslada aprobó este jueves la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con los votos favorables del equipo de gobierno -formado por PSOE, Más Madrid, Podemos/IU y concejales no adscritos- y el voto en contra de VOX. «La medida sale adelante pese a que no se ha presentado ningún informe técnico que acredite la existencia de problemas de contaminación en el municipio», denuncian desde VOX.
«Según reconoció el propio equipo de gobierno durante el debate plenario, la implantación de la ZBE supondrá una mejora estimada de apenas un 2% en la calidad del aire. Además, el protocolo por alta contaminación nunca ha sido activado en Coslada, ya que los niveles registrados históricamente se han mantenido dentro de los límites legales», señalan.
Desde VOX, su portavoz municipal, Isaac García Narros, denunció la falta de justificación ambiental y el impacto económico de la medida. “La ZBE se impone sin demanda vecinal ni urgencia ambiental, penalizando a quienes menos tienen y convirtiendo la movilidad en un privilegio para unos pocos”, afirmó. García Narros calificó la iniciativa como “una imposición ideológica dictada desde Bruselas y Madrid” y criticó que se haya aprobado sin consultar a los vecinos.
La formación también alertó «del coste económico del proyecto, que superará el millón de euros, de los cuales 750.000 euros se destinarán a la instalación de cámaras de vigilancia». Según VOX, la iniciativa «carece de una memoria económica detallada y de informes técnicos completos que respalden la inversión».
El portavoz subrayó asimismo el impacto que la ZBE tendrá sobre familias, autónomos y pequeños comercios. “El propio equipo de gobierno admite que el impacto será mínimo, pero aun así obligarán a renovar vehículos sin ayudas municipales, con un coste que puede alcanzar los 30.000 euros por familia”, señaló.
De acuerdo con los datos incluidos en el proyecto, el 97% de la población de Coslada reside dentro del área afectada por la ZBE. En ese perímetro se concentra el 84% de los establecimientos hosteleros y la mayor parte del comercio local. Las restricciones estarán en vigor todos los días de 7:00 a 21:00 horas y, a partir de 2030, también se aplicarán a los residentes.
García Narros afirmó que, pese a que el equipo de gobierno defiende que se trata de una ZBE “de mínimos”, “casi toda la ciudad y su actividad económica quedarán sometidas a estas limitaciones”, calificándola como «una de las más restrictivas diseñadas en España».
VOX también cuestionó «la validez del procedimiento, al asegurar que la ZBE se ha aprobado sin que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible haya sido ratificado previamente por el Pleno municipal, lo que, a su juicio, compromete la transparencia del proceso». La formación destacó que, «mientras otros grupos optaron por la abstención o propusieron modificaciones, VOX fue el único partido que mantuvo una oposición frontal a la medida».
“VOX seguirá defendiendo a los vecinos de Coslada frente a medidas injustificadas y restrictivas que solo sirven para perjudicar a quienes más lo necesitan”, concluyó el portavoz municipal.
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