La nueva tasa de basuras que están aplicando los ayuntamientos españoles tiene su origen en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, una normativa estatal que transpone directivas europeas y que obliga a todos los municipios a implantar un sistema específico de financiación del servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos.
Su objetivo es garantizar que los costes de gestión sean asumidos por los propios generadores de residuos, siguiendo el principio europeo de “quien contamina, paga”.
Hasta la entrada en vigor de esta ley, muchos municipios financiaban la recogida de basuras de manera indirecta, a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o de tasas no actualizadas desde hacía años. Sin embargo, la nueva norma obliga a establecer una tasa diferenciada que refleje el coste real del servicio, incluyendo la recogida, transporte, tratamiento y eliminación de los residuos.
Además, los ayuntamientos deben asegurar que esta tasa sea proporcional y transparente, ajustada a la cantidad o tipo de residuos que genera cada usuario, ya sea un hogar, un comercio o una industria.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico fijó 2025 como fecha límite para que todas las entidades locales cumplieran la normativa, aunque algunos municipios comenzaron su aplicación en 2024. La competencia para diseñar el sistema concreto recae en cada ayuntamiento, que puede decidir cómo calcular la cuantía: en función del consumo de agua, del tipo de vivienda, del número de habitantes o mediante cuotas fijas.
En definitiva, esta nueva tasa no supone un impuesto estatal, sino una obligación legal para los consistorios, que deben garantizar la sostenibilidad del servicio de limpieza y el cumplimiento de los objetivos europeos de reducción, reciclaje y valorización de residuos.
Modelos de aplicación de la tasa de basuras en distintos municipios
En ciudades como Alcalá de Henares se optó por vincular la tasa de basuras al consumo de agua de cada vivienda. La lógica que respaldó esta decisión parte de la idea de que el consumo hídrico es un indicador aproximado del número de personas que residen en una vivienda y, por tanto, del volumen de residuos que generan. De este modo, se busca establecer un reparto proporcional entre quienes producen más basura y quienes aportan menos volumen. Este modelo tiene como ventaja que permite un cálculo automático y regular, sin necesidad de realizar censos adicionales o comprobaciones individualizadas sobre la ocupación real de las viviendas, algo especialmente complejo en entornos urbanos con rotación alta de población o alquileres no registrados.
Este sistema no está exento de inconvenientes y ha sido objeto de críticas por los partidos de la oposición. Entre las principales quejas figura la situación de familias con alto consumo de agua por motivos distintos a la generación de residuos, como hogares con personas mayores dependientes, viviendas con jardines o pequeños negocios incluidos en el mismo contador doméstico. Estos casos pueden ver incrementada su factura sin que necesariamente exista una correlación real con el volumen de residuos generado. Además, el PSOE critica que en el caso de las grandes superficies se producen distorsiones importantes, como que algunas «pasan de pagar 3.600 euros al año a solo 700 euros».
Frente a este modelo, en otros municipios del Corredor del Henares como Coslada y San Fernando de Henares, gobernados por el Partido Socialista, o en Torrejón de Ardoz, gobernado por el PP, se han aplicado sistemas basados en cuotas fijas o tramos establecidos por el número de habitantes empadronados en la vivienda, los metros cuadrados de la misma o su valor catastral. Y todos han recibido fuertes críticas de la oposición y muchos vecinos.
Este enfoque busca garantizar cierta estabilidad en el recibo y evitar que fluctuaciones en el consumo de agua alteren de manera imprevisible el coste soportado por las familias. Sin embargo, estas cuotas fijas también han sido criticadas por no reflejar de manera precisa la generación de residuos de cada hogar, lo que lleva a que viviendas con una ocupación baja (por ejemplo, habitadas por una única persona mayor) paguen más que hogares en los que residan varias personas.
A nivel nacional, existen municipios que han estudiado o iniciado sistemas de pago por generación efectiva de residuos mediante tecnologías de pesaje en contenedores o chips identificativos en cubos individuales. Si bien estos sistemas se presentan como los más justos en términos de “quien más residuos produce, más paga”, su implementación es compleja y costosa, y requiere campañas de concienciación y adaptación prolongadas. En la actualidad, la mayoría de los ayuntamientos sigue optando por modelos vinculados a criterios indirectos como el consumo de agua, la superficie de la vivienda o el tipo de inmueble, mientras el debate sobre la fórmula más equitativa continúa abierto en toda España.
sólidos urbanos.
Cómo se aplica la tasa de basuras en Coslada
En Coslada se ha aprobado una Ordenanza Fiscal que regula la tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos —la denominada “tasa de basuras”— que entró en vigor en enero de 2025. Según los datos municipales, el coste anual del servicio para el municipio se ha elevado a 5.731.305,21 €, lo que ha hecho necesaria la implantación de este tributo para cubrir el gasto.
Ventajas del sistema adoptado
Una de las ventajas que resalta el equipo de gobierno es su criterio progresivo: la cuota para viviendas contempla varios parámetros. En concreto, el número de personas empadronadas en la vivienda representa el 55 % del cálculo; los metros cuadrados de la vivienda suponen un 25 % y el valor catastral un 20 %.
Este método busca que quienes residan más personas en un domicilio, y por tanto generen más residuos, contribuyan más. Asimismo, se prevén bonificaciones significativas: un 35 % para quienes usen el Punto Limpio (fijo o móvil), un 40 % para familias numerosas y el 100 % para familias en situación de riesgo de exclusión social. Como medida compensatoria, el Ayuntamiento también reducirá el tipo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 0,44 % al 0,40 % para paliar el impacto en las economías domésticas.
Inconvenientes identificados
Entre los inconvenientes destacan varios aspectos. Aunque el sistema pretende vincular la contribución al número de habitantes, también incluye elementos indirectos como metros cuadrados y valor catastral, lo que puede provocar que viviendas poco ocupadas pero grandes o de alto valor paguen más de lo “proporcional” a la basura generada.
También preocupa que para algunos vecinos el importe pueda oscilar entre 60 y más de 600 €, según estimaciones de la oposición. Además, aunque se anuncian bonificaciones, la exigencia de acreditar empadronamiento o uso del Punto Limpio puede requerir trámites que algunos ciudadanos consideran complejos, lo cual podría limitar la eficacia real de esas deducciones. También hay observaciones sobre el impacto del pago obligatorio a pesar de que el ciudadano no pueda “renunciar” al servicio si vive en inmuebles con bajo uso o vacíos.
Críticas de la oposición
El Partido Popular de Coslada (PP) ha denunciado la tasa como “injusta” y “gravosa” para los contribuyentes. El portavoz, Paco Becerra, ha afirmado que el alcalde Ángel Viveros (PSOE) “ha recuperado la tasa de basuras con la que los vecinos van a pagar desde 60 hasta más de 600 €”.
Desde esta formación se critica que el cálculo se base también en el valor catastral y metros cuadrados, criterios que consideran poco vinculados con la generación real de residuos. Insisten en que el criterio debería ser más directamente el volumen de residuos generados o el uso real del servicio, y no otros indicadores “potenciales” de riqueza.
El PP también argumenta que el proyecto no ha contado con suficiente debate y que hay una falta de transparencia sobre el destino de los ingresos adicionales para el Ayuntamiento. Según sus estimaciones, la tasa y la rebaja del IBI combinadas dejarían unas arcas municipales con un “superávit” de unos 4 millones de euros que, en su opinión, podrían no destinarse al servicio de residuos sino a otros gastos corrientes.
En suma, aunque el sistema adoptado en Coslada busca cumplir con la obligación legal de financiar el servicio municipal de residuos y contempla bonificaciones, la oposición recela del método de cálculo, del posible impacto sobre determinados hogares y de la gestión de los ingresos que se obtendrán con esta nueva tasa.
Cómo se aplica la tasa de basuras en San Fernando de Henares
En San Fernando de Henares el nuevo gravamen por la recogida, transporte y reciclaje de residuos se ha estructurado sobre un modelo mixto que combina parte fija, según el valor catastral del inmueble, con partes variables basadas en los metros cuadrados y el uso del inmueble. Según el ayuntamiento, la media por vivienda con el nuevo sistema rondará los 150 euros anuales.
Ventajas del sistema
Una de las principales ventajas que destaca el equipo municipal es que el nuevo modelo busca situar la tasa entre las más bajas de la comarca, por lo que se “ofrece un alivio relativo” frente a otros municipios vecinos de la zona del Corredor del Henares. Además, al tener en cuenta tres parámetros (valor catastral, metros cuadrados y coste fijo por uso) se pretende adaptar la carga fiscal al inmueble, algo considerado más equitativo que aplicar una tasa uniforme para todos los hogares.
El Ayuntamiento también ha previsto una campaña de ayudas y bonificaciones (la iniciativa “El Reto”) dirigida a familias, comercios y hostelería para reducir el impacto de la tasa y fomentar la reducción y el reciclaje de residuos.
Inconvenientes detectados
No obstante, el sistema presenta también varias debilidades. Que la parte fija se determine por el valor del inmueble y que se añadan costes variables por metros cuadrados genera que el pago no esté estrictamente vinculado a la cantidad de residuos efectivamente generados por cada vivienda, lo que puede resultar injusto en casos de hogares de menor ocupación o con eficiencia de reciclaje elevada.
Según el alcalde, Javier Corpa (PSOE), la medición exacta de residuos por vivienda no es viable técnicamente por ahora.
Otro inconveniente subrayado es el momento de implementación: aunque el Ayuntamiento afirma que el recibo se cobrará a partir del cuarto trimestre de 2025, algunos colectivos critican que la transición se realice sin tiempo suficiente de adaptación para las familias.
Cómo se aplica la nueva tasa de basuras en Alcalá de Henares
En Alcalá de Henares el nuevo sistema de tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos de competencia local ya ha sido aprobado y está siendo objeto de debate. Según los datos municipales, el recibo se calculará tomando como referencia el consumo de agua de cada vivienda —“el coste medio será de unos 134 euros anuales”.
Ventajas del sistema
Una de las principales ventajas que el equipo de gobierno resalta es que, al ligarlo al consumo de agua, se entiende que aquellas viviendas que más volumen manejan (y por tanto podrían generar más residuos) asumen una cuota mayor — lo que se alinea con el principio de “quien contamina, paga”.
Además, al vincular la tasa directamente al servicio de residuos, el Ayuntamiento asegura que los costes quedan claramente atribuibles al servicio y no se diluyen en tributos generales, lo que favorecería la transparencia. Adicionalmente, el gobierno local de Alcalá ha anunciado una rebaja de impuestos municipales de 5 millones de euros para “compensar” la carga que representa la tasa.
Inconvenientes detectados
No obstante, el sistema presenta varias debilidades que generan inquietud entre los vecinos. En primer lugar, vincular el pago al consumo de agua puede no reflejar de forma precisa la generación real de residuos domésticos: una vivienda puede tener un alto consumo de agua por razones ajenas a la basura generada, como riego, personas dependientes o instalaciones especiales. En segundo lugar, la cifra media publicada (134 €) significa un aumento sustancial para muchos hogares que hasta ahora no habían soportado una tasa específica de esta magnitud.
Finalmente, aunque el gobierno local habla de reducciones impositivas, la oposición insiste en que la bajada del IBI y otros impuestos es marginal frente al nuevo gravamen, lo que en su opinión no permite compensar el impacto real sobre la economía familiar.
Críticas desde la oposición
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Alcalá ha denunciado que la tasa es en realidad “una subida de impuestos encubierta”. Su portavoz ha afirmado que “la tasa costará a cada vecino, de media, 134 euros anuales” y que la anunciada bajada del IBI no compensa este nuevo coste.
Asimismo, desde Más Madrid Alcalá se critica con dureza que la nueva normativa municipal beneficia a las grandes superficies comerciales —con bajadas superiores al 70 % en su tarifa— mientras que los hogares domésticos verían aumentos de hasta un 100 %.
Las críticas sostienen que el criterio elegido por el gobierno local (consumo de agua) no cumple con el principio de que el pago sea proporcional a los residuos generados y solicitan que se implementen bonificaciones específicas para familias en situación vulnerable o programas de reducción del volumen de residuos reales.
Cómo se aplica la tasa de basuras en Torrejón de Ardoz
En Torrejón de Ardoz la tasa de basuras se ha diseñado tomando como criterio principal el valor catastral de la vivienda y la superficie del inmueble. Según el Ayuntamiento, se busca que el tributo cubra el coste de recogida, transporte y tratamiento de residuos, de acuerdo con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
El equipo de gobierno local afirma que aproximadamente el 97% de los hogares pagarán “hasta 15 euros al mes” y solo el 3% de las viviendas más costosas abonarán hasta “21 euros al mes”. A partir de 2026 se contempla para todas las viviendas la bonificación del 10% por el grado de separación alcanzado en el reciclaje de los residuos domésticos en los barrios. Además, los recibos que se domicilien tendrán una bonificación del 5%, lo que supondrá que esta Tasa a partir de 2026 baje un 15% reduciendo el recibo medio por debajo de 13 euros al mes.
Ventajas del sistema
Una de las principales ventajas que destaca el Ayuntamiento es que el criterio adoptado (valor catastral + superficie) simplifica la administración: no es necesario medir directamente la generación de residuos por vivienda ni instalar equipos de pesaje individualizados, lo que reduce costes de implementación.
Inconvenientes detectados
Sin embargo, el sistema tiene también puntos débiles. Al basarse en el valor catastral y la superficie del inmueble, no siempre se establece una correlación real entre lo que se paga y la cantidad de residuos generados por el hogar, lo que puede tener como resultado que viviendas grandes pero con poca ocupación paguen más que hogares numerosos pero con menor superficie. También se detecta que la ausencia de bonificaciones amplias hasta ahora (antes de 2026) puede castigar a familias con menos recursos o con hábitos de reciclaje eficientes. Además, el hecho de que la tasa esté ligada al valor catastral de la vivienda y a los metros, ha hecho que sea una de las más altas de la Comunidad de Madrid, lo que genera una sensación de «intención recaudatoria» más que de imposición.
Críticas de la oposición
Desde la Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Torrejón se denuncia que la tasa es “injusta” y puede incluso ser “ilegal”, al entender que no se está aplicando con criterios de generación de residuos sino con criterios meramente inmobiliarios. El portavoz socialista, Javier Castillo, afirma que “le hemos dado mil oportunidades al alcalde para que recule y (…) utilice el padrón municipal para que se pague por generación en cada vivienda en función de cuántas personas residan en ella”. También desde la formación Más Madrid‑Equo se critica que el criterio del valor catastral castigue a hogares con menos posibilidades de hacer frente al pago y se propone una tasa “más justa, verde y económica”. Tanto el PSOE torrejonero como Más Madrid han puesto a disposición de los vecinos un modelo para recurrir la tasa, entendiendo que cada ciudadano dispone de un mes desde la recepción de la carta de pago para presentar el recurso. Y, concretamente, Más Madrid ha llevado el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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