Un informe del Área de Hacienda de Coslada cuestiona la viabilidad jurídica y económica de varias enmiendas del Grupo Municipal Popular sobre la actualización de la tasa de residuos para 2027. El documento advierte de que algunas propuestas no deben tomarse en consideración y señala problemas técnicos en otras, entre ellos la falta de acreditación de determinados ingresos y la regulación de las bonificaciones.
Las enmiendas se abordaron durante el Pleno extraordinario celebrado el viernes 30 de octubre. Según la información municipal, el alcalde, Ángel Viveros, dejó sobre la mesa varios puntos después de detectar incompatibilidades entre algunas propuestas y los informes de Intervención, Secretaría General y Hacienda. Los criterios de actualización planteados por el equipo de Gobierno sí contaban, según el Ayuntamiento, con el visto bueno de esos órganos técnicos.
El comunicado municipal señala que el PP, Vox y el concejal no adscrito Fernando Romero habían dado su apoyo a enmiendas anteriores. La sesión trataba la modificación de la ordenanza que regula la tasa, con el objetivo declarado por el Ayuntamiento de reducir la cantidad que los vecinos tendrían que abonar en 2027. El texto no concreta el importe final de la tasa ni el resultado definitivo de cada propuesta.
La cantidad de 94.353,35 euros, principal objeción
Una de las cuestiones que analiza Hacienda es la propuesta del PP de reducir en 94.353,35 euros el coste del servicio utilizado para calcular la tasa de 2027. La formación atribuye esa cantidad a ingresos que, según sus estimaciones, el Ayuntamiento habría dejado de percibir de la anterior concesionaria del servicio de recogida de papel y cartón.
El informe municipal sostiene que esa suma no está acreditada como un ingreso efectivo y que todavía no existe una determinación administrativa de la deuda. Según la explicación recogida por el Ayuntamiento, la estimación parte de los 35.000 euros de ingresos previstos para 2027 y el PP la extrapola a ejercicios anteriores. Hacienda advierte de que no puede darse por hecho que esas cantidades vayan a recuperarse.
Por ese motivo, el área considera que el dinero no puede incorporarse de antemano como un ingreso cierto para rebajar el cálculo de la tasa. El documento también cuestiona que la propuesta se ajuste a los artículos correspondientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y al artículo 11.3 de la Ley 7/2022.
La posibilidad de reclamar responsabilidades a la anterior concesionaria no equivale, según el informe, a que exista ya una cantidad recuperada. El Ayuntamiento puede exigir responsabilidades si se acreditan incumplimientos, pero la reclamación debe tramitarse y cuantificarse mediante el procedimiento legal. Hacienda diferencia así entre una eventual reclamación y un ingreso confirmado que pueda incluirse en el cálculo del servicio.
Observaciones sobre bonificaciones y penalizaciones
El informe examina también las bonificaciones propuestas por el PP para las aportaciones al Punto Limpio, las familias numerosas, el compostaje doméstico y la prevención de residuos alimentarios. La nota municipal indica que algunas de estas medidas tienen cobertura normativa, pero que su regulación presenta problemas. Entre los aspectos señalados figuran la compatibilidad y acumulación de bonificaciones, la identificación de las personas beneficiarias y los mecanismos necesarios para comprobar que se cumplen las condiciones.
Hacienda objeta, además, la propuesta de incluir una reducción del 100 % para determinadas actividades económicas que gestionen sus residuos mediante gestores autorizados. Según el informe, esa reducción ya aparece en el artículo 11.8 de la ordenanza. Incorporarla de nuevo, advierte, podría generar duplicidades normativas.
Otra enmienda plantea descontar del coste del servicio las cantidades que se recuperen mediante penalizaciones, indemnizaciones o incautaciones de garantías a empresas contratistas. El área municipal cuestiona que esas cantidades puedan restarse automáticamente: sostiene que las penalidades contractuales tienen una naturaleza coercitiva y que no constituyen necesariamente ingresos del servicio ni una minoración directa de su coste.
El pago por generación requeriría estudios y medios
El documento analiza asimismo la propuesta de implantar progresivamente un sistema de pago por generación en un plazo de cinco años. Este modelo vincularía el importe a los residuos generados, pero el informe indica que su puesta en marcha requiere un estudio técnico y económico específico, además de inversiones y medios que permitan identificar y medir esos residuos.
Por ello, Hacienda considera que no puede fijarse una obligación de implantación con ese calendario sin acreditar previamente su viabilidad y los recursos necesarios. La observación se refiere tanto al plazo como a las condiciones materiales para calcular la generación de residuos; el comunicado no detalla qué inversiones serían necesarias ni ofrece una estimación de su coste.
En sus conclusiones, el Área de Hacienda sostiene que no procede considerar algunas de las enmiendas porque, a su juicio, no se ajustan a la normativa aplicable o al objeto y procedimiento del expediente. Otras quedan sujetas a las observaciones jurídicas y técnicas del informe y a la decisión del Pleno. La información municipal defiende que la modificación de la tasa debe apoyarse en criterios de rigor económico, seguridad jurídica y transparencia, y que el cálculo de los costes se realice sobre cantidades justificadas.
Imágenes: Ayuntamiento de Coslada
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