La Comunidad de Madrid ha publicado el borrador del nuevo Proyecto de Decreto por el que se regulará la jornada escolar en los centros docentes de Infantil, Primaria y Educación Especial.
El documento, disponible desde el 24 de junio de 2025 en el Portal de Transparencia, introduce un giro sustancial en el modelo organizativo actual, al establecer con carácter general la jornada partida para todos los centros públicos que imparten segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria.
El decreto, que se encuentra en fase de información pública, deroga las órdenes de 2012 y 2013 que hasta ahora regulaban la jornada escolar y el procedimiento para cambiarla. Con su más que previsible entrada en vigor —prevista para el curso 2025-2026, tras su publicación definitiva en el Boletín Oficial—, la Comunidad de Madrid pretende mejorar el rendimiento académico, el bienestar de los alumnos y facilitar la conciliación familiar.
Jornada partida por defecto: de mañana y tarde
El artículo 2 del borrador establece de forma inequívoca que la jornada escolar en los centros públicos será, como norma general, “partida en dos sesiones: una de mañana y otra de tarde”. Este modelo contempla un intervalo obligatorio de dos horas entre ambas sesiones, salvo excepciones justificadas que deberán contar con la aprobación de la Dirección de Área Territorial correspondiente.
Además, la sesión de tarde deberá tener una duración mínima de dos periodos lectivos, y los servicios de comedor y transporte deberán mantenerse durante todo el tiempo entre sesiones.
Solo se permitirá mantener la jornada continua en aquellos centros que ya la tienen autorizada actualmente, siempre que no inicien un procedimiento de cambio, lo que deja la continuidad de ese modelo en una posición frágil.
Excepciones en septiembre y junio por el calor
El decreto contempla cierta flexibilidad durante los meses de junio y septiembre. En estas fechas, los centros podrán acogerse a una jornada continuada, siempre que lo establezcan las normas anuales que regulan el calendario escolar. Esta excepción se justifica por las altas temperaturas y la necesidad de proteger la salud de los alumnos.
Asimismo, los nuevos colegios públicos creados tras la entrada en vigor del decreto estarán obligados a establecer jornada partida desde su apertura.
Un procedimiento más sencillo para cambiar la jornada
Uno de los objetivos del decreto es facilitar que los colegios con jornada continua puedan transitar hacia la jornada partida. Para ello, se ha simplificado el procedimiento. Solo será necesario que un tercio del consejo escolar solicite el cambio, y posteriormente deberá someterse a votación por parte de las familias.
La votación de las familias deberá realizarse según un procedimiento muy detallado, con censo actualizado, posibilidad de voto telemático o por correo, y una única convocatoria por curso escolar. El cambio será aprobado si la mayoría de los votos emitidos es favorable.
El argumento pedagógico: rendimiento y bienestar
El decreto se apoya en informes recientes como el elaborado por la OCDE en 2023, titulado Propuestas para un plan de acción para reducir el abandono escolar temprano en España. Este informe pone en cuestión la jornada continua al destacar que organizar el tiempo lectivo de forma escalonada, alternando periodos de actividad con momentos de descanso, mejora el rendimiento académico y el equilibrio emocional de los alumnos.
“El objetivo es proteger a los menores y garantizar su desarrollo integral”, señala la memoria justificativa del decreto. También se citan estudios que subrayan la importancia de tener en cuenta los biorritmos de los niños, en los que el aprendizaje resulta más eficaz si se reparte en dos momentos del día.
La conciliación, un argumento clave del Ejecutivo
El Gobierno regional también sostiene que la jornada partida favorece la conciliación laboral y familiar, al cubrir un mayor tramo horario en el que los menores están atendidos en el centro. Según el texto, “la demanda de las familias pone de manifiesto la necesidad de ampliar esta capacidad de conciliación”.
Sin embargo, este argumento ha sido duramente cuestionado por asociaciones de madres y padres, especialmente aquellas que durante años han defendido la jornada continua como una forma de que los niños regresen a casa antes y puedan descansar o realizar actividades extraescolares en un horario más compatible con sus ritmos naturales.
Oposición frontal de AMPAs y sindicatos docentes
Desde el mismo día de publicación del borrador, diversas asociaciones de familias y sindicatos docentes han expresado su rechazo al nuevo modelo. La Federación de AMPAs Giner de los Ríos lo ha calificado de “ataque a la autonomía de los centros” y ha denunciado que la Comunidad de Madrid pretende imponer la jornada partida sin consenso.
“Este decreto parte de una premisa errónea: que todos los centros deben funcionar igual”, afirma Isabel Galvín, portavoz del sindicato CCOO en educación. “En muchos colegios la jornada continua ha demostrado ser beneficiosa, y ahora se les obliga a cambiar sin valorar su realidad”.
El malestar también es evidente entre el profesorado. Varios sindicatos han alertado de que el regreso generalizado a la jornada partida implicaría cambios en las condiciones laborales de los docentes, especialmente en lo relativo a los horarios de trabajo y conciliación personal.
El argumento de la autonomía, puesto en cuestión
Uno de los aspectos más criticados del decreto es que, aunque formalmente se reconoce la autonomía de los centros, en la práctica se limita considerablemente. Así lo reflejan las nuevas condiciones para mantener la jornada continua, que pasan a ser excepcionales y requieren una aprobación formal cada curso.
“Nos dicen que somos autónomos, pero si no se puede elegir libremente entre jornada continua o partida, ¿qué margen real de decisión tenemos?”, se pregunta María, directora de un centro de Villaverde que lleva una década funcionando con jornada continua y buenos resultados.
Un procedimiento de votación exigente para cambiar el modelo
Otro de los elementos polémicos es el sistema de votación de las familias. Aunque se han ampliado las vías para emitir el voto —incluyendo el voto telemático—, las AMPAs critican que no se ha garantizado un sistema de votación representativo, ya que la propuesta puede salir adelante con solo una mayoría de votos emitidos, sin un mínimo de participación.
Esto podría derivar en decisiones relevantes con una baja participación de las familias. Además, muchos centros alertan de las dificultades técnicas y logísticas que implica la organización de un proceso electoral con garantías, como la constitución de mesas electorales, validación de censos y escrutinio público.
Entrada en vigor inmediata tras su publicación
El borrador indica que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, aunque no establece una fecha concreta. Dado el calendario administrativo, se prevé que pueda ser aprobado durante el verano y que comience a aplicarse en el curso escolar 2025-2026.
Los centros que actualmente tengan jornada continua no estarán obligados a cambiarla automáticamente, pero sí quedarán condicionados a un proceso que, desde el punto de vista de muchos colectivos, favorece el paso a la jornada partida.
Una reforma sin dotación económica ni recursos adicionales
Varios colectivos han denunciado que el decreto no contempla una memoria económica ni prevé recursos adicionales para implementar el cambio de modelo. Esto supone un problema en aquellos centros que deberán reestructurar sus horarios, reorganizar el servicio de comedor, o ampliar la atención educativa durante los intervalos entre sesiones.
“La jornada partida necesita personal adicional para vigilar a los alumnos entre sesiones, y eso no se menciona en ninguna parte del texto”, denuncia la Plataforma Regional por la Jornada Escolar. “No es una decisión pedagógica: es una medida ideológica disfrazada de reforma educativa”.
Un modelo que puede reconfigurar la red de colegios públicos
En paralelo a esta reforma, el decreto también menciona la intención del Gobierno regional de ampliar el número de centros públicos que impartan Secundaria Obligatoria, lo que podría implicar una reorganización de la red de centros educativos.
Aunque esta medida aparece solo de forma indirecta en la exposición de motivos, varios expertos la consideran clave para entender el contexto de la reforma: se trataría de integrar etapas educativas en centros con horarios más amplios y homogéneos, como ya ocurre en muchos colegios concertados.
La Asociación PVEJ denuncia que el decreto vulnera derechos de las familias
La Asociación Plataforma Votación Escolar Justa (PVEJ) ha emitido un comunicado dirigido a los medios de comunicación en el que expresa su firme rechazo al borrador del Proyecto de Decreto sobre la jornada escolar, publicado el 24 de junio de 2025 en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. La entidad recuerda que el plazo de audiencia e información pública estará abierto hasta el 15 de julio, incluido, y anima a la comunidad educativa a presentar propuestas y alegaciones.
Según PVEJ, la nueva normativa no solo impone la jornada partida como norma general, sino que además establece un procedimiento de votación que «vulnera los derechos de gran parte de las familias». La asociación subraya que el decreto se aplica exclusivamente a los centros públicos, lo que, a su juicio, supone una discriminación en el ejercicio del derecho a decidir por parte de las comunidades escolares.
La organización afirma que “vulnera los derechos de gran parte de las familias de la comunidad educativa de la CAM” y critica que el nuevo sistema no garantiza una representación adecuada de las familias, al permitir que los cambios de jornada se aprueben sin exigir mínimos de participación en la votación. Reclaman que se introduzcan garantías que aseguren procesos verdaderamente democráticos y equitativos en los centros escolares.
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