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La línea 7B de metro podría estar detrás de la paralización del proyecto del Barrio del Jarama de Coslada

Una vez más, el barrio del Jarama se encuentra una traba. La última novedad es que la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras ha ordenado la realización de expropiaciones y ocupaciones temporales declaradas “necesarias” para un proyecto que tiene que ver con la mejora del drenaje exterior de la estación de Metro del Hospital del Henares.

“No sabemos el por qué de estos retrasos, lo que sí sabemos es lo último que nos han llegado sobre unas expropiaciones por parte de Metro, nuestra pregunta es: ¿este desarrollo se está paralizando por este motivo?”, esta pregunta se ha hecho el concejal delegado de Política Territorial, José Sousa en la rueda de prensa posterior ofrecida tras una reunión que ha mantenido con propietarios del que será el último gran desarrollo urbanístico de la ciudad: el Barrio del Jarama. 

El motivo del encuentro ha sido intercambiar opiniones tras la decisión de la Comunidad de Madrid, a través del organismo regional correspondiente, “de aprobar un nuevo proyecto sin contar con el consenso de la propiedad”.

En la reunión de este jueves, alcalde, edil delegado y propietarios han coincidido en mostrar su “preocupación” por este último giro de la administración regional, lo que en la práctica supone la afectación de varias de las parcelas que tendrían que formar parte del futuro Barrio del Jarama.

“No entendemos por qué la Comunidad de Madrid está empecinada en los requerimientos para no dar salida a este proyecto”, ha denunciado Viveros. 

Movimiento “sospechoso”

El regidor ha criticado “este movimiento de la Comunidad de Madrid con las expropiaciones”. Con esta última acción, “el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso va de forma directa, además de contra unos propietarios privados, contra la vivienda pública, no en vano, en este barrio, de las 4.400 previstas, 1.550 tendrán algún tipo de protección, convirtiéndose en una de las promociones de vivienda pública más importantes a nivel nacional”. 

Ante la pregunta de los periodistas de si pudiera existir conexión entre estas expropiaciones y los problemas de la línea 7b de Metro, el primer edil cosladeño ha asegurado que “parece evidente, pero como todo lo que rodea a lo que ocurre con esta línea de Metro, no hay información alguna por parte de la Comunidad de Madrid, nada de transparencia que nos lleva a sospechar de que los problemas que arrastra son más graves aún de lo que pensábamos”, al tiempo que ha lamentado “la falta de información por parte de la administración madrileña”.

Para Ángel Viveros, “la decisión del Gobierno regional de proceder a estas expropiaciones responde, de nuevo, a la improvisación de la que sale perjudicada, sobre todo, la ciudadanía cosladeña y esto no es justo”.

“Solo pedimos explicaciones, por qué expropian a parcelas de vecinos y a la del Ayuntamiento y sobre todo qué obra tan importante van a hacer para haber tenido que expropiar parcelas de estos propietarios”, ha explicado el alcalde. 

18 años de espera

Después de 14 años de espera (el primer convenio se aprobó en 2004) en 2018, con Ángel Viveros como alcalde, se dio lo que entonces se denominó “paso decisivo” para poder hacer realidad el Barrio del Jarama, tras su aprobación inicial en el Pleno Ordinario de julio de ese año.

Sin embargo, desde entonces y hasta ahora, el proyecto ha tenido que superar diversas trabas impuestas por la Comunidad de Madrid.

En relación con este último movimiento de la administración autonómica, este miércoles, responsables técnicos de la Concejalía de Política Territorial del Ayuntamiento de Coslada mantuvieron una reunión con representantes de la Consejería correspondiente con el fin de aclarar los términos y aspectos concretos del nuevo proyecto que trata de impulsar la Comunidad y que conlleva las citadas expropiaciones.

En ese encuentro, entre otras cuestiones, la delegación municipal informó de que, de acuerdo con los propietarios afectados, el Ayuntamiento, como parte perjudicada, no descarta interponer las acciones legales oportunas para defender los intereses del conjunto de las vecinas y vecinos.


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